El  “caso Barcenas” es el penúltimo caso de la ola de corrupción  de los últimos años en España, ola que alcanza  incluso a  la imagen de la Familia Real, en una situación que pone en evidencia  la urgente  necesidad de llevar a cabo un proceso de regeneración  democrática  e institucional, que pase  necesariamente  por el control de la financiación de los partidos políticos y entidades publicas, con la también necesaria exigencia de responsabilidades.

(*) Barcenas Gutiérrez, tesorero del PP por designación directa de Mariano Rajoy, licenciado en Ciencias Empresariales  por  ICADE-Universidad de Comillas, elegido senador por Cantabria  en las elecciones  generales de 2004 y 2008 y miembro de la Ejecutiva Nacional  del partido PP.

Tras las elecciones generales del año 2008 sustituirá al anterior tesorero Álvaro Lapuerta, cargo del que dimitirá provisionalmente el 28 de julio de 2009 cuando  fue imputado por el Tribunal Supremo en relación con el llamado “caso Gurtel”.

El 8 de abril del 2010 solicitara  su baja como militante del PP  al ser levantado el secreto del sumario de la trama Gurtel en la parte relacionada  con la Comunidad de Madrid, en la que aparecerán indicios de  financiación  irregular, posteriormente  el día 19 del mismo mes renunciara a su escaño de senador.

En auto emitido el 1 de septiembre del 2011 por el juez Antonio Pedreira del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,  archivara la causa que se le seguía por falta de pruebas.

Mas tarde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha  le imputara por  su presunta participación en operaciones  de adjudicación de obras  en la variante de Olleros de Alba –León- a favor de la empresa Teconsa y el posterior cobro de comisiones.

En marzo del 2012 la Audiencia Nacional reabrirá  el caso contra Barcenas en relación  con el hacer Gurtel, por supuestos delitos fiscales y evasión de capitales.

El  caso Barcenas propiamente dicho, tiene  su origen  en la publicación  el día 18 de enero de 2013 por el  periódico El Mundo, sobre noticias relacionadas con el pago de sobresueldos en dinero negro a altos cargos de su partido.

Posteriormente el periódico El País el Dic 31 del mismo mes, publicara una supuesta contabilidad B -son  fotocopias de originales-, que el extesorero había estado llevando desde 1990 hasta 2009, contabilidad en la que implicaba a políticos y empresario, entre ellos el Presidente del Gobierno actual y presidente del PP.

El juez instructor Ruz impondrá a Barcenas medidas cautelares,  con retirada del pasaporte y obligación de presentarse cada 15 días en el juzgado.

El PP  negara la veracidad de esa contabilidad, el propio Barcenas  voluntariamente se someterá  una prueba caligráfica para descalificar los citados papeles publicados.

Actualmente  existe una denuncia presentada por el propio Barcenas contra el PP por despido improcedente, mientras que el partido mantiene que fue despedido en 2010  y extesorero mantiene que lo fue hasta el 31 de enero del 2013.  Mas tarde interpondrá  una denuncia  contra el partido por la entrada a la fuerza en su despacho con la sustracción de 2 ordenadores personales.  La policía investigara y no se abrirán diligencia judiciales.

En la  actualidad  el caso Barcenas esta bajo instrucción judicial.

La institucionalización de la corrupción

La  corrupción  que  aparece como un virus desconocido de la mano del hacer Barcenas,  que de repente este  atacando a la sociedad española, no es algo de ahora ni de este momento  por mas que la presión mediática de medios informativos  afines a la tendencia opositora del momento así quieran  hacerlo aparecer.

Baste para ello hacer un pequeño recorrido por la etapa política  reciente de este país para descubrir la existencia de un camino  sistemático hacia y por la corrupción que  curiosamente es ahora cuando la opinión publica en encuestas oficiales, la sitúan como un problema por encima incluso de la sanidad y la enseñanza.

(*) En la etapa de gobierno del PSOE  con Felipe González  a la cabeza,  se dieron más de 20 casos de corrupción significativa  y otros menos significativos. De los 20  citados   solo por recordar  los mas sonados de la época habría que citar:

• El caso  Flick –financiación ilegal del PSOE  con fondos alemanes-,
• Caso Fondos Reservados –utilización por el gobierno del PSOE de fondos en forma ilegal-,
• Caso Filesa –financiación ilegal del PSOE-,
• Caso PSV –promotora de viviendas de UGT  con quiebra de mas de 18.000 millones de pesetas-,
• EXPO92 –cobro comisiones ilegales de fondos públicos-, etc.

(*) En la etapa de gobierno siguiente, del PP  con José Maria Aznar, los casos bajan sensiblemente,  caben destacar:

• Caso Zamora – financiación ilegal del PP,
• Caso Payarols –relacionado con Unió Democrática-,
• Caso Sanlucar –relacionado con el PSOE-,
• Caso FORCEM –relacionado con CCOO, UGT y CEOE.

(*) En la etapa de gobierno siguiente, del PSOE  con José Luis Zapatero  la curva vuelve  a subir con mas de 15 casos  significativos y otros de menor alcance, entre los primeros caben destacar:  

• Caso Zarrafaya –alcalde de PSOE-,
• Caso Salmon –presidente del PP de Canarias-,
• Caso Matsa –Junta Andalucía  y financiaron empresas donde trabajaba la hija de Manuel Chaves-,
• Caso Alzoaina –alcalde de IU-,
• Caso de ERES  falsos-trama de corrupción de la Junta Andalucía con mas de 20 imputados, actualmente bajo instrucción judicial-,
• Caso Riopedre –consejero de educación y ciencia del gobierno PSOE en Asturias-,
• Caso Campeón –implicados PSOE, CIU-, caso ITV –CIU de Generalitat Cataluña-,
• Caso Mollet –financiación ilegal de CIU-, caso Brugal –en relación con el PP-,  etc.

(*) En la etapa actual de gobierno  del PP con Mariano Rajoy, los caso mas significativos son:

• Caso Emarsa –irregularidades en relación con el PP-,
• Caso Cooperación –conserjería de cooperación y solidaridad ciudadana de la Generalitat Valenciana del PP-,  
• Caso Alcorcon –en relación con el anterior ministro Solbes del PSOE -,
• Caso Barcenas –presunta financiación ilegal del PP y corrupción-,  
• Caso Amy Martín- en relación con Fundación Ideas del PSOE-.

Actualmente existen diversos frentes judiciales abiertos que abarcan a todos los partidos políticos.

La financiación de los partidos

Si entramos a  analizar la corrupción en primer lugar aparecerá  el enriquecimiento ilícito pero generalmente de manera instrumental  aparecerá en segundo lugar  relacionado íntimamente la  financiación de las campañas electores. Dicho de otra manera, para poder enriquecerse ilícitamente vendiendo determinadas decisiones públicas, es necesario previamente a ello alcanzar el poder, la posición pública desde la cual llevar a  cabo  la gestión lucrativa.

Es obvio que cuando se trata de puestos de elección pública es necesario invertir en el coste de la campaña electoral  que asegure alcanzar la posición de poder deseada, de esa forma  una vez instalados en el cargo público poder llevar a  cabo el negocio corrupto.

Tras esas maniobras aparece la  financiación ilegal-irregular   de los partidos políticos  como un mecanismo de búsqueda de recursos dinerarios que les permita hacer frente a los gastos burocráticos, mantenimientos de sedes políticas, sobresueldos, etc.

La financiación de los partidos políticos se regula por Ley Organiza de 2007, que sustituye  a  otra ley anterior de 1987, y actualmente con  modificaciones introducidas en el 2012, donde se recogen:

• La prohibición de donaciones de empresas que formen parte del mismo grupo de empresas que tengan contrato con administraciones publicas

• Tampoco pueden recibir donaciones de fundaciones o asociaciones privadas que reciban subvenciones de administraciones publicas

• Se establece un límite de 100.000 euros anuales a las condonaciones de deuda de los partidos por parte de entidades de crédito.

Tras todo este  hacer, con  leyes, modificaciones, corrupciones, etc., subyace  una  forma  borrosa de financiación de partidos  políticos, donde se sigue permitiendo a los bancos  el perdón de deudas millonarias de los partidos, que sus ingresos sean secretos o que los fraudes prescriban sin sanciones.

Las  sanciones se convierten en imposible ya que el órgano fiscalizador de la contabilidad de los partidos es el Tribunal de Cuentas, quien publica sus resultados a los 5 años, mientras la Ley 2007  señala en su articulo 17.3  “el plazo de prescripción de las infracciones será de 4 años”  de esa forma la propia ley asegura  que  los fraudes contables se los partidos políticos queden impunes.

En la relación con los bancos habría que explicar el como y el porque los partidos políticos consiguen créditos  millonarios de los bancos, en condiciones tremendamente ventajosa que luego les  son perdonados.  La vigente ley trata el tema de forma  “natural” limitando el perdona de la deuda a un máximo de 100.000 euros  al año  y permitiendo en cambio  que los partidos se puedan endeudar lo que  les apetezca.

Respecto a  las donaciones anónimas, desde el año 2007 la ley establece que no podrán ser anónimas  ni sobrepasar los 100.000 euros  al año por persona física o jurídica, la identidad del receptor solo la conocerá el Tribunal de Cuentas quien no estar obligado a hacer públicos los nombres.  También  que los partidos políticos  podrán recibir donaciones en forma de inmuebles  con la única  obligación  de ponerlo en conocimiento del citado tribunal.

Sobre el control de las fundaciones políticas  del dinero recibido es todavía peor  que el de los propios partidos motrices, mientras que en estos se limita a  100.000 euros al año en las fundaciones  ni existe limite alguno.

En cuanto  a  las subvenciones publicas, la ley plantea su rebaja en un 20%  que se sumaria al otro 20%  del año anterior, pero se da la paradoja  que la reforma de financiación se refiere exclusivamente a  las  subvenciones estatales obviando -¿deliberadamente?-  que los partidos políticos  también reciben ingreso públicos por su representación autonómica y municipal, que tradicionalmente  representan la mitad  del dinero publico recibido, y que esos ingresos  no son objeto de limitación  en la reforma  de la financiación.

Finalmente en la prevista Ley de Transparencia  los partidos políticos tiene  la consideración de entidades privadas por lo que  no contempladas  para su transparencia publica.

El costo de la financiación publica

Más confusión si cabe, la introduce el debate público sobre si los partidos políticos  son caros  al Estado y la sociedad.  Mientras que para unos se trata de un gasto necesario  que evita la hegemonizacion de las grandes formaciones políticas protegiendo a las   pequeñas, para otros  se plantean cuestiones como:

• La enorme dependencia   de los partidos del dinero publico, que llega a  alcanzar el 70% de su financiación total. Ello significa que los ciudadanos no financian al partido del que son simpatizantes, sino que lo hacen con todos los partidos, y si los partidos representan a los ciudadanos, deben ser estos quienes financien voluntariamente  sus gastos, mientras el Estado podría introducir deducciones fiscales a las aportaciones de los ciudadanos.

• Los gastos generales de cada partido deberían  ser aportados por sus afiliados, a su vez los donativos  recibidos de los simpatizantes deberían ser regulados y limitados.

• A través de  Internet se podria recibir  donativos pequeños pero de mucha gente –similar a campaña de Obama  en EEUU

• Los ingresos que llegan a los partidos desde el sector privado son muy beneficiosos  para la salud democrática

Originariamente, durante la etapa de la Transición Española los partidos políticos recibieron un desmesurado poder como forma de protección  a las jóvenes  formaciones políticas  alejadas de la idea de grandes formaciones de masas después de 40 años de prohibición de partidos políticos.

Después de 30 años el uso abusivo del poder por  esas formaciones políticas, utilizado para dominar al conjunto del sistema y de  contaminación de las instituciones, el resultado  es  un inmenso tinglado de gente  a sueldo con gastos extraordinarios, soportados  por los presupuestos del Estado y los impuesto de todos los españolas, y sobre todo lo mas grave es que “la solución a los males pasa por  la decisión y ultima palabra de los propios partidos  cuando paradójicamente  ellos  son el centro del problema”.

En resumen, mientras la corrupción es  como decíamos al principio  una manifestación  superficial de algo más profundo en relación con  la partitocracia, las declaraciones retóricas de los partidos tanto de unos como de otros, según sea el bando desde que se analicen,  son como el  dicho popular:

“El camino del infierno esta empedrado de buenas intenciones”.