Los mejores sistemas educativos
/¿Cuales son los mejores sistemas educativos? La educación es una de esas cosas que se pueden considerar muy importantes en todo el mundo, pero todavía la gestión...
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¿Cuales son los mejores sistemas educativos? La educación es una de esas cosas que se pueden considerar muy importantes en todo el mundo, pero todavía la gestión...
Read MoreA nadie se le escapa la idea de que la educación es la gran apuesta que el Estado puede hacer por sus ciudadanos. Es el mejor legado del país a las futuras generaciones.
Solo aquellos países que han apostado por la excelencia en la educación, son ahora capaces de competir en el mundo en una posición relevante. Sus ciudadanos son personas altamente sensibles a los valores de una sociedad democrática y tolerante.
Sus empresas están a la vanguardia de la investigación, la innovación y el desarrollo. Son sociedades solidarias, y respetuosas con las minorías, con leyes progresistas y avanzadas, en términos generales.
La educación, es el gran debate nacional que lleva abierto en España desde la transición democrática hasta nuestros días, y en el que todavía no nos hemos puesto de acuerdo. Porque hay modelos diferentes, diferentes opiniones, diferentes visiones, hay ideologías, y muchas veces el debate educativo, se transforma en un debate ideológico. En ningún otro sector vital para el desarrollo del país, el factor ideológico tiene tanto peso.
La educación transmite ideas, valores, influye en la forma de pensar, de ver la vida, en nuestros juicios, en cómo queremos ser, y hacía donde queremos ir. Por lo tanto, todos nos jugamos demasiado con el modelo educativo que, finalmente, se adopte. También se la juega el futuro económico del país. Generaciones bien preparadas, bien formadas, son una garantía de éxito para que cualquier país alcance cotas de desarrollo tecnológico y de económico que con un sistema educativo deficiente, sería imposible.
En España el debate educativo es complejo, quizás debido a que todavía hay viejas instituciones que tienen mucho peso en la sociedad. España es diferente, es un país peculiar, donde política y sociedad se mezclan con la religión, en un extraño y, a veces, esperpéntico coctel. Es el estado aconfesional más religioso del mundo.
Quizás se deba aclarar un poco este concepto: en muchas ocasiones se insiste que España es un estado laico, con separación iglesia y estado. Esa separación iglesia-estado es aparente, pero no real. El artículo 16 de la Constitución Española consagra el principio de la libertad religiosa, en dicho artículo en su punto 3, se dice literalmente: Ninguna confesión tendrá carácter estatal.
Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Esta redacción ha sido la que ha generado la polémica sobre si estamos en un estado laico o aconfesional. Se ha creado la ilusión de que España es una estado laico, pero el párrafo del tercer punto “mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica...” es el culpable de que actualmente la Iglesia siga siendo muy poderosa en España. Y de qué tipo son esas relaciones?
Indudablemente no vamos a entrar en detalle, pero en el campo que nos ocupa, la educación, si podemos decir que ha sido una de las principales áreas donde iglesia y estado han cooperado, donde ambos se han encontrado, y donde las influencias de la primera han sido, y son, muy importantes desterrando de España definitivamente el concepto de educación laica. En España el tufillo religioso impregna muchas manifestaciones de la vida cotidiana de la sociedad y, la educación, no iba a ser caso aparte. El gran debate que hay en el país es el de la educación laica, o religiosa.
Debe la Iglesia Católica seguir manteniendo su presencia en los centros educativos públicos, cuando el Estado se define como a confesional en la Constitución?
Otro hito importante para enmarcar el sistema educativo español, es el hecho de que en los últimos 15 o 20 años, España haya sido un país receptor de un gran número de inmigrantes que ha cambiado para siempre la estructura social del país. Estos inmigrantes no solo han enriquecido a la sociedad española con su diversidad, también llegaron con sus creencias religiosas. Hay importantes minorías de otras religiones en España: la más significativa por su número es la comunidad musulmana.
La diversidad, especialmente en las grandes urbes, nos hace vivir en una sociedad multicultural que debe adaptar su sistema educativo a la nueva realidad. Los hijos de esos inmigrantes que llegaron a España hace ya algunos años, son ahora ciudadanos españoles de pleno derecho a los que hay que atender en todas sus necesidades con los mismos derechos, en condiciones de igualdad, sin que quepa discriminación alguna.
Esta sociedad mucho más multicultural, donde conviven personas de más de 70 nacionalidades diferentes, exige que la educación tenga presente la diversidad existente en el país. Varios, por lo tanto, son los grandes retos en la España actual, desde el punto de vista educativo: apostamos por la educación pública o privada? Como vamos a integrar en el sistema educativo a las nuevas generaciones de los hijos de los inmigrantes, en un modelo de tolerancia y respeto cultural? Como desarrollamos un sistema educativo que apueste por las nuevas tecnologías, por la ciencia y la investigación? Queremos un modelo educativo a confesional o seguimos en la asignatura de religión como materia obligatoria?
En mi opinión la religión es un sistema de creencias que se ubica dentro de la esfera privada de la persona y, por lo tanto, debería quedar fuera del sistema educativo público que, por otra parte, debería ser radicalmente laico, como ocurre en otros países europeos. Estas cuestiones llevan candentes en España lustros, sin que ningún gobierno hay sido capaz de dar una solución al problema de definir un modelo educativo estable. Cada gobierno ha venido con su propia Ley de Educación debajo del brazo, y esto nos ha pasado factura.
España desgraciadamente tiene indicadores que no son para sentirse muy orgullosos: está entre los países de la Unión Europa con más fracaso escolar, donde el índice de abandono de la enseñanza reglada no obligatoria es mayor, con una planificación de la enseñanza profesional que no encaja en el mercado laboral o no sirve a estos propósitos.
Con elevadas tasas de abandono escolar dentro de la enseñanza obligatoria, sin que los fiscales o jueces actúen, un país donde el dominio de otra lengua es insignificante, porque no existe prácticamente planes para abordar seriamente la educación bilingüe...
En fin, para que seguir. El panorama es desalentador. Los informes de la OCDE, Unesco y UE, ponen de manifiesto que la situación educativa en España padece de deficiencias estructurales graves, especialmente en tres grandes apartados: En Inversión.
El gasto público en España respecto al PIB se sitúa por debajo de la media de los países de la EU, y de la OCDE. Fracaso escolar. Ya nos hemos referido al mismo, pero es preocupante el abandono escolar prematuro que en España dobla la media europea.
Calidad de la Enseñanza. Los Informes PISA, (Programme for International Student Assessment) es un estudio internacional de evaluación educativa de las competencias lectoras, matemática y científica alcanzada por los alumnos a la edad de 15 años. Desde el año 200 cuando se inicia la elaboración de estos informes, España ha ocupado los últimos lugares en lectura, matemáticas y ciencias.
En el Informe PISA de 2012, España se sitúa a la cola de los países de la OCDE en cuanto a las políticas capaces de elevar el nivel de la calidad de la educación que está muy por debajo de la media de los países desarrollados. Esta es la situación. Es el diagnóstico de la educación en un país que no se ha preocupado excesivamente por elevar la calidad y mejorar el rendimiento de los alumnos. Actualmente en España se ha aprobado por el gobierno una nueva Ley de Educación, que derogará la anterior Ley Orgánica de Educación (LOE) DE 2006.
La nueva Ley Orgánica de Mejora de la Educación (LOMCE), ha nacido con una gran polémica y contestación en todo el país. Los sindicatos se oponen frontalmente ya que los cambios que introduce la nueva Ley son para los agentes sociales la garantía del “fracaso escolar y social” para las futuras generaciones.
La Unión Europea ha criticado igualmente la desaparición de la asignatura educación para la ciudadanía, dentro del sistema curricular. En definitiva, se abre de nuevo un intenso debate en España sobre el modelo educativo a seguir. Esta Ley nace con una amplia contestación social, ya que las autonomías pierden competencias en los contenidos educativos, propiciando de esta forma un mayor control del Estado.
Se reforma el bachillerato, que pasará a ser de tres años. Tendrá una evaluación final nacional que sustituye a la selectividad con un valor del 40%, mientras que la nota media de la etapa contará un 60%.
Uno de los aspectos que más polémica ha levantado es el número de pruebas, ya que se implantarán evaluaciones unificadas nacionales al final de cada etapa no universitaria. Estos exámenes serán obligatorios para poder obtener el título de graduado en Secundaria Obligatoria (ESO), y de bachiller.
Los ciclos de Formación Profesional Básica sustituyen a los actuales Programas de Cualificación Profesional Inicial y pasarán a ser de dos años completos, considerados como educación básica, obligatoria y gratuita.
Respecto a las lenguas cooficiales, la ley contempla un tratamiento simétrico entre las lenguas cooficiales y el castellano, según el gobierno. En definitiva, España se sumerge de nuevo en un amplio debate sobre la educación y no se acaba de imponer un modelo consensuado socialmente. Hoy sabemos que en la actual sociedad del conocimiento en la que vivimos, el papel de la educación es crucial en la transmisión del saber científico y tecnológico.
Es crucial también para el desarrollo de las capacidades analíticas, y la generación de profesionales altamente cualificados. La sociedad actual nada tiene que ver con la de hace 25 años, cuando la revolución tecnológica y científica apenas se vislumbraban.
Hoy día los cambios son vertiginosos. El país que no se adapte, que no sea capaz de adaptar sus estructuras educativas y productivas a los nuevos cambios, se verá irremisiblemente perdido. El desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación es uno de los motores más importantes del crecimiento identificados por la Unión Europea para salir de la crisis y preparar a los países europeos de cara a la próxima década.
Entre otros objetivos la Estrategia Europa 2020 de la UE establece la reducción de la tasa de abandono escolar temprano a menos del 10%, y que al menos el 40% de las personas de 30 a 34 años tengan estudios terciarios. Está claro que España debe reducir la tasa de abandono escolar en las etapas preuniversitarias, actualmente del 30%, y estimular a los jóvenes a que continúen estudios superiores, bien a través de la formación profesional de grado superior, bien a través de un título de grado universitario, ambos integrantes de la definición de educación terciaria. Se impone un cambio radical del modelo educativo.
Se impone que los sucesivos gobiernos no experimenten con una cuestión vital para el país, y se consensue un modelo educativo estable, científico, laico y que apueste por la educación pública, dignificando la misma, no solo desde el punto de vista de los contenidos curriculares, también desde el punto de vista de los docentes. Se hace necesario igualmente un gran pacto social y político por la Educación que pueda unir a los agentes sociales, partidos políticos, profesorado y alumnos, intelectuales, etc, para lograr implantar en el país un modelo educativo similar al de los países europeos más avanzados y terminar de esta forma con un debate educativo que dura ya casi treinta años.
España es un Estado social y de derecho. Esto que consiste en la existencia de una serie de ejes de tipo económico, político y social que configura la realidad del estado en base a unos principios cuya función es asegurar la libertad y la igualdad de los ciudadanos. El estado se encarga de guardar los límites legales y económicos para evitar que se produzcan casos de indefensión del ciudadano frente a un ente superior ya sea privado o público. En el ámbito económico nos encontramos con un estado de modelo moderado y centrista que no controla la economía pero la supervisa de tal forma que el estado sostiene los principios financieros básicos planificando y pudiendo participar en ciertas actividades económicas, todo ello, dentro de un marco político democrático y sometido al derecho, derechos fundamentales e inalienables que el ciudadano también tiene reconocidos.
En España este fue el marco que se ideó en la constitución de 1978 por el cual el estado se encarga de desarrollar mecanismos universalistas que trate de ofrecer a la sociedad, dentro de lo establecido en la carta magna, los mínimos derechos a la Sanidad, Educación y muchos otros. Todos estos derechos fueron gestionados, en principio, por el estado aunque con el paso del tiempo serán co gestionados por el Estado y las 17 comunidades autónomas que se conformaron al inicio del periodo democrático pero que una vez avanzado este periodo decidirán, usando el modelo constitucional, tomar el control de estas competencias, en todo caso la gestión al ser publica es universal, gestionada por las administraciones públicas y financiada a través de los impuestos.
Toda la Europa Occidental cuyas constituciones economico-sociales son de corte Social y Democrático garantizan una serie de derechos que asisten a sus ciudadanos y que son gratuitos (es decir cuya financiación es mancomunada entre todos los ciudadanos en base a los impuestos) siendo estos derechos sociales refrendados en los tratados de la UE y reconocidos por la legislación originaria de la Unión Europea (tratados fundacionales y demás tratados) y ampliados por la legislación derivada de los órganos conformados en la propia UE, es decir, la Unión Europea legislaba no hace mucho tiempo sobre materia social siguiendo los parámetros de estado del bienestar, todo ello en un marco económico propicio para las grandes citas, los grandes prohombres y los faraónicos proyectos hasta que estalló la crisis y todo el modelo social europeo se comienzó a tambalear.
La crisis obviamente no ha afectado por igual a la UE pero ¿Qué es la UE? La Unión es una organización que aglutina a la mayoría de estados del continente y que pretendía alzarse como potencia económica mundial al nivel de EEUU y, de la ya consolidada, China pero la Unión no puede competir a tan alto nivel ya que el club Europa tiene varias velocidades, de entrada, la zona Euro y la zona no Euro.
La zona donde no existe la moneda única pudo salir mediante una serie de reformas de la situación y la zona Euro quedó abocada a un entendimiento entre países desarrollados y potentes, las locomotoras, y los países escasamente industrializados es decir los países turísticos, entre ellos España, que no podían ofrecer una salida por y para si mismos a la crisis.
El Estado ante la situación de unas cuentas que se tambaleaban debido al descenso de los ingresos del estado y al aumento del gasto intentó emitir deuda que no podía satisfacer las necesidades de financiación estatal. Todo ello en un contexto de rescate a Grecia, crisis en Irlanda, Italia y Portugal, crisis de muy importante calado, esto hacía que Bruselas temiese tener que rescatar a España cuya prima de riesgo llegó a superar los 500 puntos.
Frente a esto los líderes del club Europa decidieron que para salvar la situación y mantener a flote el sistema, que no podrían rescatar si todos caían, la única solución era ajustar, en principio consistió en aumentar los impuestos para recaudar mas y recortar gastos para así estabilizar la situación económica pero la liquidez inyectada por la Unión Europea para estimular la economía no se notaba y el crédito bancario no circulaba y mientras esto sucedía el nuevo gobierno de España, con Rajoy a la cabeza, decidió incumplir su programa electoral sistemáticamente y aprovechar la situación para ahondar en los recortes.
La política de ajustes o de recortes es necesaria. El Estado como no ingresa, o ingresa muy poco, no puede seguir financiándose de modo que a la vez que suben los impuestos recortan en servicios sociales pero ¿Dónde? ¿Es lícito todo plan de recortes?. Estos ajustes han afectado a los cimientos del propio estado previsto en la constitución y ha provocado que la calidad de los servicios públicos decaiga profundamente por los ajustes, eufemismo de recorte, en sectores que no deben ser ajustados pero si la coyuntura económica obliga a recortes al menos que estosafecten lo menos posible a los ciudadanos.
El modelo de Estado prevé una serie de administraciones territoriales ordenadas como una muñeca Rusa dichas administraciones son:
Todas ellas financiadas mediante los impuestos de los ciudadanos y residentes de España. Son administraciones sobredimensionadas con cargos elegidos a dedo por el poder político que mueve a su masa del partido por una u otra administración en función de la coyuntura política del momento generando un continuo ir y venir donde los cargos políticos, frecuentemente inútiles, no reportan ningún tipo de trabajo administrativo, burocrático ni político dentro del órgano al que pertenece sino mas bien esos cargos han encontrado en ese transitar Inter administrativo su modo de vida.
Recortando y haciendo desaparecer estas administraciones inútiles así como recortar de las plantillas sobredimensionadas de las administraciones válidas y dejando de financiar a los partidos políticos y a los sindicatos, podríamos, con esta reestructuración ahorrar cientos de millones de euros y tener un estado más viable.
En cambio se recorta en políticas de financiación e inversión pública como en la ayuda a los desempleados, pensionistas, educación y sanidad porque son los recortes más fáciles de hacer ya que pocos cargos políticos existen dentro de esos campos y, hay que tener en cuenta, la gestión de estos recortes es una cuestión política más que económica.
Esta debe de tener una especial consideración en este articulo ya que las CCAA son las responsables del 70% de la deuda del estado, que ya ronda el 92% del PIB y pronto llegara al 110% (para el año 2016 según algunas fuentes) lo cual será impagable. Las comunidades autónomas son administraciones con una fuerte carga política así como con poder de decisión y con competencias tanto exclusivas como compartidas con el estado de modo que el gasto para financiar el acceso a esos derechos es doble por lo que nos encontramos con una situación imposible de afrontar en lo económico, solventar la deuda de 17 Taifas y del Estado, en pocas palabras, es cuasi imposible el monto económico es de tal calibre y el esfuerzo necesario es tal que no se hace posible una solución de tinte económico a no ser que no exista un acuerdo político, que por otro lado es irrealizable, ya que implicaría el adelgazamiento de la segunda administración mas importante del estado y la perdida de cargos políticos elegidos a dedo por clientelismos partidistas y la cesión por parte de esta administración de las competencias compartidas al estado, de tal forma, que únicamente el estado fuese el administrador de esas competencias lo cual no es probable en el actual escenario.
Las administraciones siguen intactas y sin liquidez para pagar a sus acreedores pero con un corpus político insostenible financiado con dinero publico, en España, se ha enfocado la política de reajuste que de por si debería tener carácter transitorio con una óptica de privatizaciones para pasar de un modelo publico, social y de bienestar en la cual el ciudadano tiene unos servicios universales reconocidos que se sostienen mediante sus impuestos, dicha filosofía de gestión requiere de ingentes cantidades de dinero (riqueza) para ser distribuido y mantener esa estructura en este sistema el papel del estado es muy abultado y es lo que se quiere evitar en este nuevo modelo.
Hemos pasado en España y gradualmente en la Europa Mediterránea del modelo publico Europeo a una adaptación del modelo socio económico Estadounidense que es neoliberal en el cual el papel del estado es mas delgado, la gestión de los derechos y los servicios están en manos privadas y cuyo fin, legitimo, es el beneficio ¿Qué significa eso? Pues que al tener una economía libre y una gestión libre sin intervención del estado quedando este como ente subsidiario, prácticamente de beneficencia, el sector privado pasaría a tener una gran presencia en el estado y el principio de universalidad se vería afectado ya que el acceso a esos servicios estarían restringido a aquellos que pudieran financiárselos mientras que con una presencia estatal fuerte, como ocurría hasta hace poco, el ciudadano se aseguraba la cobertura universal de los servicios a los que tenía derecho.
Con este nuevo modelo de gestión que embrionariamente ya se esta instaurando nos encontraremos con una peor calidad en los servicios públicos (debido a la falta de financiación) y un acceso restringido a según que necesidades por parte de la población que también tendría problemas de autofinanciación por trabajo ya que es y seria escaso, precario y mal remunerado.
En todo caso esta transformación cambiará por completo la forma de vivir y las tácticas económicas y dicho cambio hará que no volvamos a vivir como ahora ni a tener acceso directo a ciertos derechos ni a la protección del Estado como hemos tenido hasta ahora.
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