La devaluacion salarial en España ha ido marcando una tendencia constante que se ha visto agudizada con la última Reforma Laboral del gobierno. El concepto de la devaluación monetaria ha sido un instrumento clásico de la política monetaria de un país que han venido usando los gobiernos para reajustar la economía nacional cuando la misma entraba en un periodo de recesión. Devaluar la moneda es una decisión soberana de un país que consiste en minusvalorar internacionalmente su moneda. Con ello se logra, en situaciones económicas difíciles, aumentar las exportaciones y por lo tanto reactivar el sector productivo, también es una medida que beneficia el turismo, puesto que el país se abarata en general, especialmente frente a divisas fuertes y estables como el dólar, la libra esterlina o el yen. Parece evidente que un país barato tiene más posibilidades de captar turistas internacionales. Igualmente al producir más barato, los productos son más competitivos en el exterior, con lo cual se puede aumentar la demanda externa y global y el país, por decirlo de alguna forma, se reactiva.

Obviamente también hay una cara negativa en las devaluaciones: comprar en el exterior se encarece, por lo que se genera déficit en la balanza comercial. Está claro que con una moneda devaluada, comprar bienes y servicios en el exterior resulta más caro. Igualmente para los ciudadanos del país, viajar al extranjero resulta más gravoso. Muchos bienes de consumo que tienen que importarse impactan negativamente en el balanza de pagos. Por ejemplo aquellas economías muy dependientes de materias primas esenciales, el ejemplo clásico son los carburantes y singularmente el petróleo, como es el caso de España, incrementarán su factura por este concepto, con la consiguiente repercusión en el consumo, tanto a nivel industrial como particular, lo cual nos lleva a una especie de circulo vicioso, pues los fabricantes y productores intentarán repercutir el aumento de sus costes fijos en el consumidor final.

La paradoja es que la devaluación produce en etapas posteriores procesos inflacionistas, especialmente en sectores productivos muy vinculados a la importación de materias primas: transporte, energía, etc.

Para evitar estas distorsiones

El gobierno autorizaba un precio público de determinados servicios considerados básicos. Pero eran otras épocas. La liberalización de sectores estratégicos de la economía, impide ya la intervención de los precios y las leyes que regulan la competencia en la Unión Europea, impiden de la misma forma, pactos o acuerdos fraudulentos para fijar los precios.

España mientras mantuvo la peseta, utilizó el recurso de la devaluación monetaria en diversas ocasiones como un instrumento que le permitió superar diversas coyunturas críticas. Pero actualmente España está dentro del sistema monetario de la Unión Europea y es un instrumento que, como el resto de países que pertenecen al euro, no puede utilizar.

Hoy día la política monetaria y cambiaria está en manos del Banco Central Europeo, que es la institución competente para fijar la política monetaria de los países europeos que tienen el euro como moneda nacional. Que la devaluación de la moneda sería una solución a los problemas de la economía española? Queda claro que podría ser una solución para un país con un enorme déficit público, con graves problemas de productividad en sus empresas y un pavoroso desempleo. Pero es una solución imposible, a no ser que nos salgamos del euro. En algunos países como Grecia y Portugal, ya suenan voces pidiendo soluciones drásticas para acabar con el drama del desempleo y el sufrimiento de los ciudadanos. Hoy en día la salida de algunos países del euro ya no se ve como un suicidio económico, sino más bien como una solución a los problemas del endeudamiento y de los intereses de la deuda. Volver a una política económica y monetaria soberana es tentador.

España  cedió soberanía y poder

Que ha pasado a instituciones que parecen funcionar al dictado de las economías más poderosas. El Banco Central Europeo es una institución que tiene una lógica económica absolutamente liberal, donde la defensa de la banca y sus intereses parecen ser los ejes de las políticas que nos imponen para salir de la crisis, además de una dura política de ajustes que recae sobre los ciudadanos, y las capas sociales más vulnerables. Cerrada la vía de la devaluación, parece que se empieza a maniobrar claramente para obtener resultados parecidos, si bien a un coste social elevado.

La idea es simplemente bajar los salarios e incrementar la “productividad” de las empresas. Como se consigue: bueno no es complicado, se hace una reforma laboral que prácticamente regula el despido libre, se impone la congelación salarial, se aumentan las horas de trabajo, la edad de jubilación y se recortan otros derechos sociales y laborales.

Parece claro pues que la devaluación a la que nos hemos estado refiriendo solo se va a aplicar a los salarios y al gasto social, dicho de otra forma, el ajuste de la crisis se va a hacer a costa de los trabajadores. Se podrían aplicar otras políticas, por ejemplo, una política fiscal más agresiva con los bancos y grandes fortunas, perseguir el fraude fiscal que en España roza lo escandaloso, la economía sumergida, etc, pero parece que no, que el ajuste es vía salarios, recortes en el gasto público y subida de impuestos.

Bien, pero esta política puede conseguir el objetivo que en última instancia persigue, que no es otro que sacar al país de la crisis, volviendo a recuperar la actividad económica, reactivando el consumo y recuperando el empleo?

Vicente Llopis habla del concepto “devaluación interna” para definir esta política que le parece “novedosa”, y que consiste básicamente según sus propias palabras en “ La decisión de bajar precios y salarios junto con incrementos de la productividad del trabajador, reducción de costes energéticos y de infraestructuras”

Esta política es la que se está implantando en España, es una política que va contra la lógica de la recuperación, ya que la devaluación interna lo que en realidad persigue es rebajar los salarios, tanto de empleados públicos (cosa que ya se ha hecho), como el de los trabajadores del sector privado, congelar las pensiones, y otras medidas de las que ya hemos hablado: aumentar la edad de jubilación, recortes en la inversión pública y subida de impuestos!!

Con ello, se está logrando empobrecer dramáticamente al país. Todo ello con el único propósito de devolver los intereses de la deuda a los bancos, y rebajar el déficit público.

La Organización Internacional del Trabajo

En su último Informe, publicado muy recientemente, en este mismo mes de junio, en su apartado sobre España, señala que el desempleo en España ha alcanzado un record histórico. La tasa de desempleo llegó en el cuarto trimestre de 2012 al 26%, es decir 3,1% por encima del valor de un año antes, lo cual supone uno de los mayores incrementos registrados en Europa, con la excepción de Grecia. El desempleo es el verdadero drama de España. Actualmente supera los 6 millones de personas y es especialmente grave entre los jóvenes, con tasas que superan el 55%, inmigrantes, parados de larga duración y mayores de 45 años. En España, en el corto plazo, las políticas macroeconómicas han afectado seriamente al empleo y al crecimiento económico del país, así por ejemplo, la distribución de la renta ha pasado a ser más desigual que en décadas anteriores, y el desempleo se ha cebado entre los colectivos de trabajadores con salarios más bajos, con lo cual las desigualdades sociales se han incrementado notablemente.

Como hemos señalado, las medidas de consolidación fiscal han tenido un impacto brutal sobre el empleo. El intento de reducir el gasto público se centró en una disminución muy importante del empleo público, con la congelación total de nuevas ofertas de trabajo y de la oferta anual de empleo público de las distintas administraciones. Por otra parte se dejaron de cubrir las vacantes y las bajas, y cerraron servicios públicos en centros de salud, hospitales, servicios sociales, etc.

Desde el primer trimestre de 2012 al primer trimestre de 2013, el empleo público cayó en España un 8,3%, mientras que el empleo privado lo hizo en un 4,8%.

Otra de las medidas de esta política económica ha sido la devaluación salarial generalizada, tanto para los empleados públicos, como para los trabajadores del sector privado. La congelación de los salarios ha generado como la primera consecuencia lógica la contracción del consumo, lo cual supone un impacto negativo en la economía de las pequeñas y medianas empresas. Es el ya conocido círculo vicioso: se congelan los salarios, disminuye el consumo, las empresas entran en crisis, se producen más despidos, hay que aumentar los recursos del estado para sostener a los desempleados, y aumenta el déficit público.

La devaluación salarial

Es la medida por la que se ha apostado en España para aumentar la productividad. Resulta evidente que a menor salario por el mismo trabajo realizado, la productividad es mayor. Por lo tanto nos esperan tiempos duros. Los salarios irán ajustándose a la productividad de las empresas y será la vía para ganar competitividad, y que las empresas puedan generar empleo. Esta es la visión que se tiene desde el gobierno, y que ha quedado plasmada en la legislación laboral española.

Por otra parte en España se ha recortado la inversión pública en los últimos años. Inversión pública que, en otros tiempos, era el motor que tiraba del sector privado y de la creación de empleo. Todas estas medidas contractivas: congelación o devaluación salarial, disminución de la inversión pública, re-estructuración del sector bancario (hacia donde se han derivado importantísimos recursos públicos) y, en general, la mala situación de la economía mundial, han tenido un impacto muy negativo sobre la economía española. La tasa de crecimiento en el 2012 llegó al -1,4%, y la deuda pública aumentó de un 40,2% en 2008 a un 84,2% en 2012, debido, en gran parte, a la reforma del sistema financiero, que ha necesitado una gran inyección de dinero público.

Como es bien sabido, España aprobó en febrero de 2012 una Reforma Laboral que modificó su legislación sobre protección del empleo y negociación colectiva. Una parte muy importante de dicha reforma ha ido dirigida a incrementar los factores de flexibilidad laboral que, en medio, de la actual coyuntura económica supone un riesgo añadido de deprimir aún más la demanda y volver a incidir negativamente sobre el empleo, como ya se ha señalado. Estas políticas de flexibilidad laboral que suponen congelar los salarios y alterar totalmente el marco de la negociación colectiva dándole mucho más poder al empresario, están haciendo recaer en último término el ajuste fiscal en los trabajadores, incrementando los despidos y la pobreza en la sociedad.

A lo largo de más de un año de vigencia de la Reforma Laboral del gobierno del PP, la triste realidad es que España ha sumado un millón más de desempleados, y los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo aumentó un 45,8%.

A medio plazo parece evidente que el objetivo fundamental de la política económica debería ser la reducción del enorme déficit público sin poner en peligro la recuperación del mercado de trabajo, y la creación de empleo.

Reducir el gasto público no debería ser sinónimo de hacer desaparece las políticas de bienestar social que han logrado crear una sociedad moderna y avanzada en España. El saneamiento del déficit público debería incidir en la racionalización de las Administraciones Públicas que están sobredimensionadas, suprimiendo duplicidades y gastos innecesarios.

Otra medida absolutamente prioritaria

Es activar la economía productiva mediante la reanudación del crédito a la economía real, en especial a las PYMES. Incentivar la inversión y apoyar con medidas fiscales y crediticias a las PYMES, resulta crucial para crear empleo.

Por lo tanto uno de los aspectos fundamentales en los que hay que incidir para lograr la recuperación económica es el empleo. Las políticas activas de empleo en España han sido un absoluto fracaso, y solo una pantalla del gobierno para maquillar la dura realidad. El empleo en España se ha destruido masivamente y, además, se ha empobrecido, con salarios bajos, y contratos precarios.

Hay que cambiar las políticas activas de empleo, aumentando su eficiencia y eficacia apostando por el reciclaje de los trabajadores y por una verdadera formación profesional en los sectores punteros que crean empleo.

En España sería imprescindible abrir un diálogo social entre los agentes sociales para prevenir que las políticas salariales lleven al país al colapso, y para cambiar el marco de relaciones laborales, creando un clima propicio para la negociación social y salarial a través de los convenios.

Finalmente no se debería hacer caer sobre los salarios las posibilidades de una recuperación económica. Hay otros factores para incrementar la productividad y competitividad de las empresas, que no sólo se consigue a través del despido o la devaluación salarial. Las políticas de innovación, los procesos de internacionalización, la formación de los trabajadores, la inversión en sectores de la economía generadores de valor añadido, etc, puede hacer que España tenga un sector productivo a medio plazo competitivo.

Estas medidas recomendadas en el último Informe de la OIT serían capaces de generar un clima de confianza necesario para la recuperación del empleo en España, prioridad fundamental de la política económica de cualquier gobierno responsable y sensible a las demandas sociales.